Percepción de la corrupción

La corrupción es un problema social de difícil cuantificación más allá de la experiencia personal o de las denuncias publicadas por los medios de comunicación, no obstante no cabe duda que el tema se ha instalado en la atención de la sociedad uruguaya desde mediados de la última década. Según una encuesta (1) (Factum) en 1996 el 54% de los entrevistados tenía la percepción de que el nivel de corrupción en la sociedad en general y en la administración estatal en particular era alto o muy alto, coincidentemente el Tribunal de Cuentas -órgano de contralor del Estado- decía que el tema de la corrupción cobró importancia luego de las “graves” denuncias de 1996

 

Desde aquel momento hasta ahora el tema se ha mantenido presente en los medios de difusión y en la opinión de la gente, sostenido por numerosas denuncias de corrupción de funcionarios públicos de alta jerarquía, que en algunos casos han dado lugar a procesos judiciales notorios como el de un ex ministro de economía. En respuesta a este estado de la opinión pública, el Parlamento sancionó en 1999 una ley, llamada “Ley Cristal”(3) que implementa medidas para desestimular las prácticas de corrupción mediante la obligación de declarar periódicamente (cada dos años) la relación de bienes e ingresos de los funcionarios públicos de mayor jerarquía y mediante el aumento en la trasparencia en los procesos de compras del Estado.

En este último año, el intento de prevención de la epidemia de aftosa y el combate al contrabando por parte del gobierno han puesto al descubierto importantes organizaciones delictivas que operan en base a la existencia de funcionarios aduaneros y policiales corruptos. Cabe considerar que según una encuesta (4) (Cifra, 2001), para el 87% de los entrevistados el contrabando constituye un problema grave para el país y esta opinión se ha mantenido en forma prácticamente constante desde años anteriores cuando el tema del contrabando no era tan publicitado. Según esta misma encuesta, el pago de “coimas” (5) y el contrabando en gran escala deberían ser castigados con penas más severas para más del 70% de los entrevistados en tanto que menos de la mitad sostiene esta misma opinión cuando se trata de juzgar los delitos de evasión fiscal o la venta callejera de artículos de contrabando.

La percepción de una elevada incidencia de la corrupción en la vida de la sociedad uruguaya no se limita al Estado, recordemos la campaña electoral del año 2000 en la mutualista “Sociedad Española” (que cuenta con más de doscientos mil socios), donde se puso de manifiesto una serie de acusaciones en los medios televisivos capitalinos de prácticas de corrupción por parte de la administración de dicha institución privada, denuncias que no conocemos hayan sido formuladas ante la Justicia y que por otra parte no parecen haber surtido ningún efecto significativo en los votantes ya que por amplia mayoría reafirmaron la administración denunciada. Con relación a esto, nos preguntamos: ¿fue así porque los votantes no creyeron las denuncias o porque directamente no les importo?